Más de un año y medio después de que se aprobara el Real Decreto que regula los aspectos formativos del Médico Interno Residente (MIR), las comunidades autónomas siguen sin dar el paso al frente para regular una situación que en 2008 se antojaba como una prioridad, en parte influenciada por la presión social de las sociedades científicas, los colegios de médicos y, en especial, las asociaciones de residentes.El Ministerio de Sanidad concedió un año para su desarrollo en las CCAA, pero todas, sin excepción, han hecho caso omiso a los plazos marcados, que tenían como fecha tope finales de febrero de 2009. Eso sí, aunque con retraso, ya se percibe la primera avanzadilla: Castilla y León lo publicará en octubre, mientras que Andalucía y Cataluña tiene muy bien avanzado su marco normativo. Castilla y León ha sido la primera en dar el paso al frente e incluso ya se anima a hablar con naturalidad de cómo será su modelo formativo de residencia. El propio consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, anunció que su comunidad desarrollará un documento “pionero en España” que contribuirá a paliar el déficit de profesionales que padece el Sistema Sanitario. Castilla y León deja su impronta en cuestiones claves del MIR, como las comisiones de docencia, la figura del tutor o los sistemas de evaluación. Álvarez Guisasola avanzó que se establecerán tres tipos de tutores: los de coordinación (que gestionará la formación de los residentes de su especialidad), los principales (quién es el responsable del proceso de enseñanza y que tendrá un máximo de cinco residentes a su cargo) y los de apoyo (que asumen esa función de tutor durante la estancia formativa en su servicio).
A esas tres figuras también se suma la del colaborador docente, que ayudará a la adquisición de competencia del MIR. El modelo castellanoleonés aspira, además, a que cada residente cuente con un plan individual de formación. Asimismo, se constituirán protocolos para graduar la actividad asistencial del MIR, haciendo especial hincapié en el área de Urgencias. Pero, sin lugar a dudas, sólo se tratan de pequeños esbozos para una norma que se postula como espejo en el que se puedan mirar otras comunidades autónomas. Aunque Castilla y León es la más avanzada, no es la única comunidad en aplicarse algo en la formación MIR. Andalucía, por ejemplo, tiene su borrador en asesoría jurídica a la espera de que sea validado, presentado y aprobado. Aunque no desvelaron el contenido exacto del desarrollo normativo, sí aclaró que impulsará la calidad y la excelencia en la formación MIR, reorganizará el mapa docente en busca de una mayor efectividad y consolidará el reconocimiento del aspecto docente, algo que ya se estaba poniendo en práctica con la labor de acreditación de competencias y el modelo de carrera profesional.
De todos modos, desde la Consejería de Salud andaluza se asoció el retraso de la comunidad a la aprobación anterior del Plan Estratégico de la Formación en Andalucía. “El borrador, que es bastante innovador, lleva escrito meses, pero necesitaba el paraguas normativo del plan para salir adelante”, confesó la jefa del Servicio de Desarrollo Profesional y Formación, Teresa Campos García, que tampoco oculta su opinión sobre las posibles razones del retraso del desarrollo del Real Decreto formativo en el resto de España. Y es que asegura que “muchas comunidades, antes de esta norma, que era muy ambiciosa, no tenían nada anterior sobre aspectos formativos y, por ello, es muy difícil dar respuesta a estas cuestiones de la noche al día”. Cataluña también está en el camino de salida, aunque todavía le espera unos meses más de tramitación. El director gerente del Instituto Catalán de la Salud, Enric Argelagués, aclaró que aún queda por terminar algunos aspectos finales y, después, una tramitación jurídica que puede durar “entre dos y cuatro meses”. Pero, pese aún queda mucho en lo que debatir, sí que avanzó que el desarrollo del Real Decreto MIR en la comunidad se esmerará en dotar de mayor calidad a las unidades docentes a través de unos planes. De igual manera, comprende un reconocimiento al tutor en concepto de retribuciones –algo que se empezó a aplicar antes incluso de avanzar en el decreto–. “Con estas cantidades, aunque puedan ser pequeñas, sí que suponen un reconocimiento al tutor”, manifestó. Además, el nuevo marco normativo también comprende la obligada reordenación de las unidades docentes multiprofesionales, algo con lo que coincide con el modelo planteado por Castilla y León. Con ello, se pretende “aprovechar más los recursos actuales”.
El gerente del Instituto Catalán de Salud también anunció otras dos novedades. Una de ellas es la constitución de un Consejo Catalán de la Formación Sanitaria Especializada. Este órgano, de carácter consultivo, contará con los colegios de médicos, las sociedades científicas y otras entidades que debatirán en este marco con la administración cómo consensuar “la oferta anual de la formación de residencia y su posterior evaluación”. La segunda se trata de crear la Red de Unidades Docentes y Comisiones de Docencia de Cataluña. A pesar de esta avanzadilla, no cabe duda de que el retraso marca la puesta de largo del Real Decreto de aspectos normativos del residente. Ninguna comunidad ha cumplido los plazos. Además de las mencionadas, está el caso de Galicia, que opta por no entrar a valorar en qué fase está de su tramitación; o el de la Comunidad Valenciana, que pese a reconocer que están trabajando, ese proceso está aún en manos de una comisión de trabajo encargada de redactar de un borrador, que en los próximos meses se someterá a información pública y a la opinión de asociaciones científicas y agentes sociales.
Estos debates se generan en octubre, casi ocho meses después de que expirara el plazo que fijó el Ministerio de Sanidad para que las comunidades desarrollaran sus respectivas normas sobre la formación sanitaria especializada, según lleva denunciando desde hace algunos meses la Asociación de Redes Docentes y Asesores. Y es que el Real Decreto 183 / 2008 fue aprobado en febrero de 2008 y se le concedía un plazo de un año para que se pusiera en marcha su desarrollo.Entre las novedades que incluía aquel documento, destacaba el establecimiento de una nueva configuración de las unidades docentes y las comisiones de docencia. La norma incorporaba así criterios de multiprofesionalidad y multidisciplinariedad acoger con el espíritu de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Así, se crearían unidades docentes capaces de formar a residentes de distintas especialidades. Este Real Decreto también potenciaba la figura del jefe de estudios y el tutor, a los que se le asignan funciones de planificación, gestión, supervisión y evaluación. Además, se establece el deber de supervisión del residente, sobre todo en el primer año. De igual manera, la norma persigue consolidar la cultura de la evaluación del residente, por lo que se fija un procedimiento garantista de evaluación, que correrá a cargo de la comisión de evaluación de cada centro y que pretende no retrasar innecesariamente la obtención del título de especialista. Además, se permite un grado de excelencia en el título mediante la revisión voluntaria de las evaluaciones finales. Con ello se permite que el MIR pueda mejorar su calificación con una prueba nacional de carácter anual.En definitiva, toda una declaración de intenciones que pende del deseo de cada una de las comunidades autónomas para que llegue a aplicarse en un futuro próximo.
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