Legislación Extracomunitarios en el MIR. Datos y Reflexiones.

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Guía AEMIR de Actuación en Urgencias. Segunda edición

Esta guía está hecha por médicos residentes de toda España, va dirigida a los residentes de todas las especialidades y ha nacido por iniciativa de la Asociación Española de Médicos Internos Residentes.
Su objetivo es convertirse en un recurso donde poder consultar con facilidad las pautas diagnósticas y terapéuticas de aquellas situaciones urgentes que más comúnmente nos podemos encontrar en nuestra práctica diaria. Cuando ante una situación urgente nos asaltan dudas sobre el diagnóstico y tratamiento.
Tratamos de emular y en cierto modo sustituir la clásica “libreta del residente” que casi todos nosotros llevamos en el bolso de la bata como escudo protector de nuestros aún frágiles conocimientos.
Por otro lado, para los autores constituye una oportunidad casi única de iniciarse en el mundo de las publicaciones; lo cual supone un reto considerable en estas etapas tan tempranas de nuestra carrera profesional, que intentamos superar con la ilusión de aportar nuevas herramientas a nuestro colectivo.
Somos conscientes de las imperfecciones que necesariamente ha de haber en estas primeras ediciones por lo que apelamos a la comprensión de los lectores para que nos juzguen con benevolencia. Esperamos poder perfeccionarla, actualizarla y ampliarla anualmente, para lo cual invitamos a todos los residentes a participar en las próximas ediciones (Vista previa).
  • Precio de la versión impresa: 15€ (gastos de envío incluídos en España)
Para adquirir la versión impresa de la guía enviar un email a aemirmail@gmail.com indicando nombre y dirección postal. Además ahora el pdf de "Guía AEMIR de Actuación en Urgencias" se regala a todos los miembros de Medicalia.org
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SECCIÓN RESIDENTES ¡TENEMOS QUE ESTAR!

En los pasillos de los hospitales y centros de salud suelen escucharse comentarios acerca de las condiciones de trabajo de los residentes, la no libranza de guardias, los recortes retributivos y en el número de guardias, el déficit de supervisión, etc. Años atrás hemos intentado aunar fuerzas mediante asociaciones, primero de carácter nacional y después, dado el carácter fragmentado de nuestro SNS, de ámbito autonómico. Estas plataformas jugaron un papel clave en la reforma de la legislación sobre Residentes, su formación y su relación laboral. Sin embargo y una vez conseguidos a medias los objetivos marcados, los problemas siguen estando ahí porque el medio que utilizamos para comunicarnos con las administraciones no era el que estas instituciones requerían por mandato legal. Necesitábamos apoyo sindical y colegial. Sección Residentes nace con la voluntad de ser un puente de unión entre los Residentes y la Administración de la Comunidad de Madrid. Sin adscripción ideológica, extenso programa electoral u otras promesas difíciles de cumplir, la única aspiración de Sección Residentes es ocupar ese lugar vacío en nuestra representación en el Comité de Empresa con el Servicio Madrileño de Salud, de manera que podamos mantener una comunicación fluída con la Administración acerca de nuestras inquietudes y los problemas que nos afectan. 

En el momento actual estos asuntos que interesan a los Residentes (MIR, FIR, BIR, etc) son despachados por delegados sindicales que no tienen nada que ver con nosotros y que desconocen por completo la realidad de nuestra dualidad formativa-asistencial. Bajo el paraguas de AMYTS (CESM) y con plena libertad de actuación, Sección Residentes aspira a estar en aquellas mesas en las que siempre deberíamos haber estado, que son la Sectorial de la Sanidad y la General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Es el momento. Los Residentes TENEMOS QUE ESTAR en cualquier organismo o institución donde se tomen decisiones que nos afecten. Desde Sección Residentes, una plataforma formada exclusivamente por Residentes, nos comprometemos a dar valor a la débil voz de los Residentes y a defender nuestro sistema de formación de las políticas y decisiones coyunturales que en cada momento puedan tomarse.

Twitter: @seccionresident
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Antes de final de año habrá cuatro nuevas especialidades: enfermedades infecciosas, genética, psiquiatría infanto-juvenil, y urgencia y emergencias

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha anunciado hoy en el Pleno del Congreso que antes de que finalice el año se habrá tramitado un real decreto que permitirá la creación de cuatro nuevas especialidades: Enfermedades infecciosas, Genética, Psiquiatría infanto-juvenil, y Urgencias y emergencias.

Esta decisión responde a los compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y al interés de muchos colectivos de profesionales y pacientes que podrán beneficiarse con estas especialidades como, por ejemplo, las personas con VIH y sida (en el caso de enfermedades infecciosas) y los pacientes con enfermedades raras (en el caso de la especialidad de Genética).

Leire Pajín también ha explicado que el Ministerio está trabajando para que las especialidades de Medicina de Educación Física y del Deporte, y de Medicina Legal y Forense, que en la actualidad se cursan en régimen de alumnado en algunas facultades de Medicina, se puedan afianzar como especialidades en el sistema de residencia MIR.

Según la ministra, "la especialidad de Medicina de Educación Física y del Deporte es fundamental para intensificar la labor preventiva, lo que está en consonancia con lo previsto en el proyecto de Ley General de Salud Pública".

Asimismo, ha indicado que la especialidad de Medicina Legal y Forense no es menos importante, ya que tiene un papel destacado en la prevención y la asistencia en casos de violencia de género.

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De los 1.000 primeros MIR solo 5 eligen Medicina de Familia

Entre los 1.000 primeros destaca que solo 5 personas hayan legido la especialidad de Medicina Familiar (menos del 1 por ciento de las plazas ofertadas para MFyC) y que en los próximos días los aspirantes ya no podrán optar a Dermatología, cuyas plazas se han acabado con la elección de la persona que tenía el número 1.015, y que hará la especialidad en el Hospital Universitario Clínico de Valladolid.
Destaca también en este ranking de especialidades menos solicitadas, Neumología, con un 1,75 por ciento de sus plazas adjudicadas, es decir, la han elegido solo 2 personas de entre los 1.000 primeros y la oferta es de 114 puestos. Y finalmente, Medicina Física y Rehabilitación, con una plaza cubierta de las 98 existentes, un 1 por ciento.
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LOS MÉDICOS LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA

Una palabra tuya bastará para sanarme: LOS MÉDICOS LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA. EDUARDO CA...: "La primera vez que sentí de verdad lo que significaba la emigración tenía 20 años. Por aquel entonces yo era un joven incauto, alcohólico y ..." Read More!

Legítimo fibrocemento. Una historia de medicina y media de amor en San Carlos de Bariloche, Argentina

Este es un relato de las licencias que te da la vida cotidiana y que la gente llama felicidad. La felicidad se viene como las elecciones, cada cuatro o cinco años, y, como el orgasmo, hay que saber verla venir. Este es un relato de los latidos del corazón y del pulso de un país. De perdedores y de perdedores que lo parecen pero que en el fondo son ganadores. De ganadores que fingen que lo son porque en realidad son perdedores. Roberto Sánchez es un médico generalista español que había sido argentino toda su vida y no lo supo, hasta que con 28 años fue a trabajar un mes a un Centro de Salud a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí tuvo la sensación que tienen los hijos adoptivos cuando están frente a sus padres biológicos y no lo saben. La sensación de las mujeres de cuando están embarazadas y todavía no lo saben. La sensación del que va a morir en el siguiente suspiro y no lo sabe. Desde su atalaya de profundo antihéroe, irá describiendo la geografía, la sociología, el sistema sanitario… pero sobre todo las relaciones humanas, los sentimientos, y al final, cómo no, el amor, que es la gasolina, el aire en movimiento que agita la bandera Argentina (Leer más).
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Residents: Workers or Students in the Eyes of the Law?

Aaron S. Kesselheim, M.D., J.D., M.P.H., and Kirsten E. Austad, B.S.
NEJM | January 12, 2011
Despite their medical school diplomas, medical interns and residents are not yet full-fledged physicians. But does it follow that interns and residents should still be considered students? Some in the medical profession think so. In recent years, the Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) has sought to limit residents’ work hours and protect them from performing certain routine job-related tasks that might rightfully be expected of employees, such as drawing blood or transporting patients. These restrictions reflect a desire to preserve residents’ ability to focus on their educational development.
In the eyes of the law, however, the answer may be different. For example, in malpractice cases, residents can be judged according to the same standard of care as more senior physicians. In 1999, the National Labor Relations Board (NLRB) declared residents to be employees, and thus able to join unions, on the basis of their direct patient care and receipt of compensation and standard employment-related benefits. The NLRB found that the educational component of residency “complements, indeed enhances, the considerable services the Hospital receives from the house staff, and for which the house staff are compensated.”1
Now, in the case of Mayo Foundation for Medical Education and Research, et al. v. United States, the Supreme Court has added its weighty voice to the question of whether residents are workers or students. The centerpiece of the controversy was the 1935 Federal Insurance Contributions Act (FICA), which provided for supplemental taxes on employers and employees that fund the Social Security program. An amendment in 1939 created a student exemption for a “service performed in the employ of . . . a school, college, or university . . . if such service is performed by a student enrolled in and regularly attending classes at such school, college, or university.” In its regulations, the U.S. Treasury announced that the student exemption would apply for a service performed “incident to and for the purpose of pursuing a course of study” at the institution.
The issue of whether medical residents fit under the student exemption lay quiescent — with many hospitals paying FICA taxes on residents as if they were employees — until the 1990s, when the Social Security Administration sought to recover unpaid taxes from the University of Minnesota, which had long considered its house staff to be exempt from FICA. The case reached the Eighth Circuit Court of Appeals, which ruled in favor of the university because an analysis of the particular residency program led to the conclusion that “the primary purpose for the residents’ participation in the program is to pursue a course of study rather than to earn a livelihood.”2 After that 1998 decision, sponsors of residency programs throughout the country filed thousands of claims to recover paid FICA taxes. In the resulting litigation, other Circuit Courts held that residents could qualify for the student exemption. The Treasury ultimately compromised by conceding existing refund claims and promulgating a new prospective regulation. Its “clarifying” regulation — which became effective April 1, 2005 — states that in all cases “the services of a full-time employee are not incident to and for the purpose of pursuing a course of study” and specifies that residents working more than 40 hours per week are categorically ineligible for the student exemption.
The Mayo Foundation and the University of Minnesota sued to overturn the Treasury’s new regulation. Supported by numerous hospitals and academic medical centers in friend-of-the-court briefs, Mayo and Minnesota offered both functional and structural reasons why house officers should legally be considered students. They compared a residency’s function to that of an undergraduate degree: a residency is usually chosen on the basis of academic opportunities, and completion of an accredited program is required for practicing medicine in the United States. They also argued that residency training involves characteristics of other programs of learning, including supervised work, educational curricula, and numerous lectures and conferences. In fact, they claimed that “the academic program of a medical resident is virtually indistinguishable from that of a third- or fourth-year medical student,” because both learn from a combination of hands-on care and didactics.3
In defense of the Treasury regulation declaring residents to be employees, government lawyers pointed to residents’ vast patient care responsibilities, which absorb 85 to 90% of their time and take precedence over educational conferences. Legislative history also arguably supported the Treasury, including the fact that although the 1939 FICA amendments contained an additional clause specifically excluding from the definition of employment the “service performed as an interne in the employ of a hospital,” the intern-specific language was dropped in 1965. An accompanying report noted that the rationale was to “give young doctors an earlier start in building up social security protection”: exempting residents from paying FICA taxes could be detrimental, since certain minimum contributions (depending on a person’s age) are required for eligibility for disability benefits.
At stake in Mayo v. United States were substantial financial implications for academic medical centers and their house staff. The taxes at issue amount to about $700 million per year for U.S. hospitals and academic medical centers.4 These resources may otherwise be well spent on patient care and medical education. FICA taxes also amount to about $4,000 a year in an individual resident’s salary, a sum that could certainly benefit residents, whose high levels of debt can influence their specialty and career choices.
On January 11, 2011, the Supreme Court ruled in an 8-to-0 decision (Justice Elena Kagan was recused) that the Treasury regulation making residents categorically ineligible for the student exemption was a “perfectly sensible” way of distinguishing education from service for the purposes of the tax code. Chief Justice John Roberts wrote that residents could reasonably be construed as “the kind of workers that Congress intended to both contribute to and benefit from the Social Security system.”
Indeed, although residencies allow physicians to learn by serving as physicians in an environment of structured oversight, a resident differs in notable ways from a “student” who is “enrolled in and regularly attending classes.” Whereas medical students participate in a multidisciplinary plan of study and engage in clinical clerkships to learn from residents and attending physicians without any true service obligations (except when they are acting as sub-interns), residents serve as a workforce. Mayo and Minnesota have denied receiving economic value from the work of residents, arguing that they “permit their residents to care for patients purely for educational purposes . . . residents do not provide a net economic benefit.”3 This contention, however, is implausible: residents are clearly indispensable to the care provided at the hospitals where they are employed, even if their work is reviewed by supervising physicians. Moreover, the ACGME requirements regarding didactic time and educational benchmarks for residents face objections from many hospitals that need to find costly replacement providers for lost work time.5
The Supreme Court’s decision in Mayo v. United States may have other, indirect legal implications as well. Residents could find additional support in the Court’s unambiguous holding for efforts to enforce other workplace rights, such as unemployment benefits (e.g., after hospital closure) or protection under the Family Medical Leave Act. Residents may not be fully trained physicians, but there are benefits to not being labeled as “students” in the eyes of the law.
This article (10.1056/NEJMp1100414) was published on January 12, 2011, at NEJM.org.
Disclosure forms provided by the authors are available with the full text of this article at NEJM.org.

Source Information

From the Division of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston (A.S.K., K.E.A.), and the Edmond J. Safra Center for Ethics at Harvard University, Cambridge, MA (K.E.A.).

References

  1. Boston Medical Center Corporation and House Officers’ Association/Committee of Interns and Residents. 330 N.L.R.B. 30 (1999).
  2. Minnesota v. Apfel, 151 F.3d 742 (8th Circuit, 1998).
  3. Brief for the Petitioners, Mayo Foundation for Medical Education and Research, et al. v. U.S., No. 09-837 (Aug. 2010).
  4. Brief for the United States, Mayo Foundation for Medical Education and Research, et al. v. U.S., No. 09-837 (Sept. 2010).
  5. Nuckols TK, Bhattacharya J, Wolman DM, Ulmer C, Escarce JJ. Cost implications of reduced work hours and workloads for resident physicians. N Engl J Med 2009;360:-2215Full Text | Medline
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